LA SAT IMPONDRÁ ARRESTO PREVENTIVO A AQUELLOS QUE FORMEN PARTE DE REDES DE FACTURACIÓN FALSAS.

El gobierno nacional ha revelado nuevas estrategias para luchar contra la evasión de impuestos y evitar la formación de empresas ficticias que aparentan realizar transacciones, como parte del Paquete Económico 2026 que actualmente se está debatiendo en el Congreso. Las nuevas regulaciones tienen como fin mejorar el control del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y endurecer las penalizaciones contra las organizaciones que crean facturas falsas. Durante la conferencia matutina, Antonio Martínez Dagnino, quien lidera el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mencionó que estas reglas buscan fortalecer la recaudación de impuestos, asegurar una distribución equitativa de la carga tributaria y cumplir con la reforma constitucional de 2024 al artículo 19, que considera la compra y venta de comprobantes fiscales falsos como un delito grave.

Uno de los cambios más importantes será en el procedimiento para inscribirse en el RFC. “Ya no se entrega el RFC y la firma el mismo día, como sucedía antes. Ahora, las empresas tendrán que demostrar que el domicilio que registran es el suyo real y no el de un socio o accionista que puede simular operaciones para evadir impuestos”, explicó Martínez. El SAT afirmó que estas medidas están diseñadas para cerrar las oportunidades de simulación fiscal y garantizar que las empresas registradas tengan actividades reales, infraestructura verificable y presencia legal en el domicilio que informan.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso la creación de un procedimiento abreviado para sancionar la emisión de comprobantes falsos, el cual no excederá de 24 días y permitirá suspender el sello digital desde el inicio del proceso. Durante este periodo, los contribuyentes mantendrán su derecho de audiencia para presentar pruebas o aclaraciones. Además, socios, accionistas o representantes legales involucrados en la emisión de facturas falsas quedarán inhabilitados para inscribir nuevas empresas. Por su parte, quienes adquieran estos comprobantes deberán corregir su situación fiscal o perderán también su sello de facturación.

El proyecto también contempla la prisión preventiva oficiosa para quienes participen en redes de factureras, lo que refuerza el enfoque penal de la estrategia y envía un mensaje de cero tolerancias a las prácticas de evasión. Martínez Dagnino subrayó que estas reformas no buscan crear nuevos impuestos, sino reforzar la recaudación existente y asegurar un “piso parejo” en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Con ello, el Gobierno pretende cerrar el paso a la creación de empresas fantasma, fortalecer la legalidad en el sistema tributario y proteger los ingresos públicos destinados al desarrollo social.

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