En un entorno económico donde la inflación afecta el valor real del dinero, el ajuste anual por inflación se convierte en una herramienta clave para las empresas. Regulada en el Artículo 44 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), esta disposición busca equilibrar la pérdida de poder adquisitivo y garantizar una medición justa de los créditos y deudas de los contribuyentes.
Sin embargo, su correcta aplicación requiere comprender qué conceptos integran los saldos promedios anuales de deudas y cómo la autoridad fiscal puede intervenir en su determinación.
Según el Artículo 44 de la LISR, las deudas que deben considerarse para calcular el saldo promedio anual son aquellas obligaciones en numerario, es decir, compromisos de pago en efectivo. Entre ellas destacan:
Estos conceptos generan un impacto directo en el ajuste anual por inflación. Si una empresa retrasa el pago de impuestos o nóminas, el valor real de esa deuda disminuye debido al efecto inflacionario, otorgándole un beneficio indirecto. Para evitar esto, el SAT ajusta los saldos promedios de deudas con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), neutralizando así cualquier ventaja indebida.
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